Decretos de ofensa personal
Es una pena la manera como el Gobierno busca subsanar sus propios olvidos. Si uno empieza a mirar con lupa lo que ha decretado el Gobierno de Colombia, no se encuentra nada más que medidas completamente desmedidas, absurdas, inconstitucionales y, yo diría, con nombre propio. No “medidas precautelativas y administrativas”, como dijo el Ministro de Interior, el respetado Doctor Fabio Valencia Cossio, sino medidas rabiosas, represivas y pasadas de tiempo.
A mi me parece, como ya lo he dicho, que las tales pirámides son un atraco y que la gente se pasa de ingenua; de otros negocios, yo no sé con exactitud qué grado de legalidad o ilegalidad tienen, y menos cuando éstos han persistido por años, tiempo en el cual el Gobierno de este país no hizo nada. Creo que el asunto de DMG, no es lo mismo que una pirámide, puede que funcione como un negocio de varios niveles de negocio, pero creo que es diferente a lo de las tales pirámides. Ahora, lo de la captación ilegal, puede que se configure, aunque tampoco parece que fuese muy irregular, pues la norma no ha sido explícita con ello y el Estado le ha recibido millones y millones de pesos en impuestos.
Y vuelvo a las medidas. El primer esperpento legal está asociado a la retroactividad de la norma, es un absurdo, ¿desde cuándo se puede condenar con retroactividad? La ley, como ha funcionado siempre en cualquier país democrático, no es y no puede ser retroactiva, mejor dicho, si al ubérrimo se le ocurre pasado mañana que quien escriba o haya escrito un artículo diciendo que los colombianos somos brutos, incautos y ambiciosos se sancionara con pena de cárcel, pues a mí me tocaría ir a prisión porque lo hice la semana pasada, ¿es eso sensato?, ¿es eso lo que llaman justicia?
La segunda medida, más perversa que la otra, tiene que ver con que si el delincuente llega a utilizar los medios de comunicación para referirse a las medidas o si se hace alguna marcha o protesta callejera, el condenado a priori tendrá un aumento en su pena de prisión y en la astronómica sanción pecuniaria a la que ha sido sometido. Al mejor estilo del Gobierno vecino, queda prohibido utilizar la protesta pública o los medios de comunicación como mecanismo para hacer críticas a las medidas absurdas, excesivas y tardías. Y me parece grave por una razón sencilla: no hay posibilidad alguna de que los arquitectos de pirámides o los creadores de marcas nos cuenten qué es lo que pasa en realidad, qué pasa de fondo con el asunto, quiénes están metidos en el asunto; que, simplemente, no hablen de los grupos financieros tan cuestionados últimamente; o que simplemente no cuestionen los profundos problemas sociales que se viven en el país como el alto desempleo.
Y claro, la sanción de 10 a 20 años de prisión y los cerca de sesenta mil millones de multa aplicable a los delincuentes esos, son un exceso. En un país en el que se premia con millones y millones de pesos a los exsecuestradores que además traigan la cabeza del jefe o en el que se dan 4 años de prisión y se premia con el exilio a los motosierristas paramilitares, no creo que sea sensato imponer penas tan absurdas como esas. Pero es que el problema no es lo extraña que es la ley en Colombia, el problema no es lo desmedido de las sanciones, porque en Colombia se suben o se bajan las penas de acuerdo al nombre del sujeto involucrado.
Estos decretos son fuertes por el nombre propio al que van dirigidos: David Murcia Guzmán. Y no precisamente porque haya estafado a alguna persona en Colombia con su nuevo modelo de negocio, sino que tiene nombre propio porque el jefe de gobierno, con la piedra afuera – tan extraño en él -, no soportó que el señor David Murcia Guzmán respondiera a través de la W con amenazas a sus amenazas, no soportó que DMG levantara la frente y le respondiera con la energía y la vulgaridad que, al parecer, solo es exclusiva del patrón y sus esbirros y que le respondiera sin el miedo que ya no tiene como consecuencia del poder que le está dando el dinero, la gratitud y el interés de la gente que ha metido su platica en tarjetas prepago DMG.
A mi me parece, como ya lo he dicho, que las tales pirámides son un atraco y que la gente se pasa de ingenua; de otros negocios, yo no sé con exactitud qué grado de legalidad o ilegalidad tienen, y menos cuando éstos han persistido por años, tiempo en el cual el Gobierno de este país no hizo nada. Creo que el asunto de DMG, no es lo mismo que una pirámide, puede que funcione como un negocio de varios niveles de negocio, pero creo que es diferente a lo de las tales pirámides. Ahora, lo de la captación ilegal, puede que se configure, aunque tampoco parece que fuese muy irregular, pues la norma no ha sido explícita con ello y el Estado le ha recibido millones y millones de pesos en impuestos.
Y vuelvo a las medidas. El primer esperpento legal está asociado a la retroactividad de la norma, es un absurdo, ¿desde cuándo se puede condenar con retroactividad? La ley, como ha funcionado siempre en cualquier país democrático, no es y no puede ser retroactiva, mejor dicho, si al ubérrimo se le ocurre pasado mañana que quien escriba o haya escrito un artículo diciendo que los colombianos somos brutos, incautos y ambiciosos se sancionara con pena de cárcel, pues a mí me tocaría ir a prisión porque lo hice la semana pasada, ¿es eso sensato?, ¿es eso lo que llaman justicia?
La segunda medida, más perversa que la otra, tiene que ver con que si el delincuente llega a utilizar los medios de comunicación para referirse a las medidas o si se hace alguna marcha o protesta callejera, el condenado a priori tendrá un aumento en su pena de prisión y en la astronómica sanción pecuniaria a la que ha sido sometido. Al mejor estilo del Gobierno vecino, queda prohibido utilizar la protesta pública o los medios de comunicación como mecanismo para hacer críticas a las medidas absurdas, excesivas y tardías. Y me parece grave por una razón sencilla: no hay posibilidad alguna de que los arquitectos de pirámides o los creadores de marcas nos cuenten qué es lo que pasa en realidad, qué pasa de fondo con el asunto, quiénes están metidos en el asunto; que, simplemente, no hablen de los grupos financieros tan cuestionados últimamente; o que simplemente no cuestionen los profundos problemas sociales que se viven en el país como el alto desempleo.
Y claro, la sanción de 10 a 20 años de prisión y los cerca de sesenta mil millones de multa aplicable a los delincuentes esos, son un exceso. En un país en el que se premia con millones y millones de pesos a los exsecuestradores que además traigan la cabeza del jefe o en el que se dan 4 años de prisión y se premia con el exilio a los motosierristas paramilitares, no creo que sea sensato imponer penas tan absurdas como esas. Pero es que el problema no es lo extraña que es la ley en Colombia, el problema no es lo desmedido de las sanciones, porque en Colombia se suben o se bajan las penas de acuerdo al nombre del sujeto involucrado.
Estos decretos son fuertes por el nombre propio al que van dirigidos: David Murcia Guzmán. Y no precisamente porque haya estafado a alguna persona en Colombia con su nuevo modelo de negocio, sino que tiene nombre propio porque el jefe de gobierno, con la piedra afuera – tan extraño en él -, no soportó que el señor David Murcia Guzmán respondiera a través de la W con amenazas a sus amenazas, no soportó que DMG levantara la frente y le respondiera con la energía y la vulgaridad que, al parecer, solo es exclusiva del patrón y sus esbirros y que le respondiera sin el miedo que ya no tiene como consecuencia del poder que le está dando el dinero, la gratitud y el interés de la gente que ha metido su platica en tarjetas prepago DMG.
Yo no sé que efecto real van a tener los decretos 4333 al 4336 del 17 de noviembre de 2008. Puede que resuelvan el problemita de las pirámides y las tarjetas prepago y les resuelvan el problemita de disminución de ingresos a los Avales y Bancolombias; pero lo que no creo que logren, es resolver los problemas graves de desempleo que se viven en el país, ni que se resuelvan las altas tasas de interés para el crédito y las bajas tasas de captación que tienen legalizadas y vigiladas las mafias banqueras de Colombia.
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