lunes, 6 de septiembre de 2010

Replíco comunicado...

No hay mucho qué decir al respecto... replico comunicado...

"COMUNICADO PÚBLICO


Los abajo firmantes, familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, ante el retiro del cargo que ha hecho el señor Fiscal General de la Nación de la Doctora Ángela María Buitrago Ruíz, manifestamos ante la Comunidad nacional e internacional, lo siguiente:



1) Recibimos con desconcierto la decisión del señor Fiscal General de la Nación encargado, Dr. Guillermo Mendoza Diago de retirar de su cargo como Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a la Doctora Ángela María Buitrago Ruíz. En dicho orden, rechazamos no sólo la decisión de retirarla, sino también las motivaciones que consideramos absurdas y contradictorias, expresadas por el señor Fiscal General para pretender justificar dicha decisión.


2) Resaltamos que la separación contradice el contexto objetivo de actuación de la Doctora Buitrago Ruíz quien ha iniciado y llevado a juicio a decenas de responsables, en casos que tratan en su mayoría del procesamiento de crímenes de lesa humanidad y que por tanto han implicado un acercamiento de la acción estatal hacia sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Al punto que los pocos resultados que puede presentar el Estado, en su mayoría, han sido promovidos por la Doctora Buitrago Ruíz.


3) La decisión adoptada por el Fiscal General de la Nación, constituye una vulneración de la independencia judicial y además vulnera de manera específica, ostensible y grave los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, cuando su retiro se produce al día siguiente de fijarse fecha para la audiencia de imputación respecto de Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, la cual fue solicitada por la Doctora Buitrago Ruíz, y días después de que llamara a indagatoria a los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández y Carlos Augusto Fracica. Esta decisión vulnera los derechos de las víctimas, cuyos procesos se están adelantando en etapa de instrucción y de juicio en casos como los siguientes:


- Luis Alfonso Plazas Vega, ante el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá, por la desaparición de 11 personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

- Jesús Armando Arias Cabrales, ante el Juzgado 51 Penal del Circuito, por la desaparición de 11 personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

- Iván Ramírez Quintero, Luis Fernando Blanco y Gustavo Arévalo ante el Juzgado 51 Penal del Circuito, por la desaparición de 11 personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

- Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Causaya, Luis Fernando Nieto Velandia y Óscar William Vásquez ante el Juzgado 51 Penal del Circuito, por la desaparición de 11 personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

- Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica por su participación en la ejecución extrajudicial del Magistrado Carlos Horacio Urán.

- Francisco Santos Calderón, Ex Presidente de la República, y José Obdulio Gaviria, Ex Asesor de la Presidencia de la República, para quienes está próxima la Audiencia de Imputación, por haber calumniado a los integrantes de los sindicatos SINTRAEMCALI, SINTRATELÉFONOS y SINTRAUNICOL.

- Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex Director del DAS, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y tres homicidios agravados.

- Guillermo León Valencia Cossio, Ex Director De Fiscalías de Medellín y hermano del Ex Ministro de Gobierno, Fabio Valencia Cossio, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acusado de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, violación de asunto sometido a reserva, falsedad por destrucción y utilización de información privilegiada.

- Germán Vargas Lleras, Ex senador y actual Ministro de Interior y de Justicia, por el delito de Calumnia, donde es victima la Ex senadora Gloria Cuartas Montoya.

- Ciro Ramírez, ex Senador de la República, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por concierto para delinquir agravado con grupos paramilitares.

- Edilberto Castro Rincón, Ex Gobernador del Meta, condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la pena de cuarenta (40) años por homicidio.

- Carlos Alberto Palacios, Ex Gobernador del Putumayo, condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.


4) El retiro de la Doctora Buitrago Ruiz es una acción más en contra de una recta administración de justicia, que recientemente ha afectado a importantes operadoras judiciales, como ha sido la situación padecida por la Doctora María Stella Jara, quien debió abandonar el país tras proferir fallo condenatorio contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, consecuente con resolución de acusación elevada por la Doctora Buitrago Ruíz. Por otro lado, la Juez de Control de Garantías, Dra. Jenny Jiménez, tras proferir medida de aseguramiento en contra de Mario Aranguren, ha denunciado amenazas contra su vida, informando que a la fecha, no ha recibido medidas de protección coherentes con los riesgos que corre.


5) El proceso contra Jorge Aurelio Noguera Cotes, que se encuentra en etapa de juicio, tiene aproximadamente 350 cuadernos, sin contar con las diligencias que reposan en medios magnéticos. A su vez, el caso de Palacio de Justicia tiene aproximadamente 150 cuadernos, cerca de 120 diligencias y pruebas recaudados en medios magnéticos. Estos constituyen apenas dos ejemplos de procesos que suman más de 200 mil folios, los cuales ha adelantado la Doctora Buitrago Ruiz, con importantes diligencias a celebrarse próximamente, y el excluir a esta fiscal de su conocimiento, constituye un daño objetivo a la administración de justicia y por ende, genera impunidad.


6) Exigimos que la Doctora Buitrago Ruiz sea restituida de manera inmediata al cargo, y continúe al frente de estos procesos. La decisión administrativa del señor Fiscal General de la Nación, no puede seguir contrariando los derechos inalienables de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación integral.


Septiembre 3 de 2010


Suscriben;


Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos conformada por 219 organizaciones sociales y ONG de DDHH.

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice

Familiares de los Desaparecidos del Palacio de Justicia

Comisión Colombiana de Juristas

US Office on Colombia – Usoc

Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep

Corporación Jurídica Libertad

Asociación Nomadesc

Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Federación Agrominera del Sur de Bolívar - Fedeagromisbol

Comité de Integración Social del Catatumbo - Cisca

Corporación Sembrar

Corporación por la Dignidad Humana

Proceso de Comunidades Negras

Minga

Corporación Yira Castro

Humanidad Vigente

Fundación Guagua

Galería de la Memoria Tiberio Fernandez

Fundación Territorios por Vida Digna

Corporación Nueva Gente – Ituagüi

Asociación Campesina de Antioquia

Cristianas y Cristianos por la Justicia y Paz

Movimiento de Víctimas Capítulo Antioquia

Instituto Popular de Capacitación

Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia

Gustavo Gallón

Germán Romero

Jorge Eliécer Molano

Ana Beatriz Sánchez

Daniel Prado Albarracín

Cristina Espinel

Luisa Fernanda Montes Ocampo

Vladimir Tamara

Maria Isabel Casas Herrera

Eduardo Matyas Camargo

Diana Salamanca"

viernes, 2 de julio de 2010

No es disculpa, es protesta

Creo que por terquedad acudí a la mesa 20 de la Ramón, donde siempre he votado. Y digo que por terquedad porque cada vez le encuentro menos sentido a ese acto patriótico, ciudadano, civilizado, decente y responsable de sufragar. Y eso, porque cada vez le veo menos sentido al asunto ese de la democracia, pues cada vez se me hace más claro su fracaso.

Siempre me han dicho que la democracia es la voz del pueblo, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo, que es el mejor sistema político y de gobierno que existe porque sólo ésta garantiza la justicia, porque es el fruto de la libre opción de los ciudadanos, porque - en consecuencia - otorga a todos una amplia gama de derechos y muchas más cosas bonitas. Se dice, en conclusión, que la democracia es la única manera de garantizar que todos vivamos bien. Y en ese sentido, creo que la democracia - con unos 300 años de antigüedad - ha fracasado, en casi todo el mundo occidental que implementa ese sistema de gobierno.

Aunque yo vivo bien, sé de muchos colombianos que no tienen esa fortuna. He conocido personalmente y por interpuesta persona, a muchos habitantes de este país que no están ni cerca de vivir una vida digna: tienen hambre, mueren por ello; su acceso a la salud es bastante limitado, tanto de manera preventiva como curativa, porque la salud tiene costo y también mueren por ello; y no tienen trabajo, mucho menos empleo, sobretodo porque la legislación democrática regula excesivamente y limita cada asunto, incluso las maneras informales – no ilegales - de conseguir el sustento diario. Sin trabajo, sin salud y sin alimento, no puede ser digna una persona.

Yo tengo un empleo, puedo proveerme de comida - a veces, en exceso - y mi acceso a la salud es siempre posible - al menos hasta lo que hoy he necesitado. Pero la democracia colombiana, y la democracia en general, no se trata de mí: no gira en torno a mi opción trabajo, ni está ahí para satisfacer mis excesivos deseos gastronómicos, ni se reduce a mis fines de semana en mi finca, ni está limitada a garantizar la posibilidad de hacer lo que me dé la gana con mi automóvil, ni existe para que mi empresa mantenga bien mi economía, entre otras tantas barbaridades solipsistas que los discursos políticos democráticos han construido y que nos hemos creído: “el problema no es el sistema, el problema es la decadencia moral de los pobres que no quieren trabajar”.

Por eso es vergonzoso ver al Ministro Valencia el día de las elecciones, tal vez desesperado por la poca asistencia de la gente a las urnas, insistir en la casi obligatoriedad del voto, argumentando que entonces quien no vota no tiene derecho luego, protestar ni a opinar. No estoy de acuerdo: no es el voto la condición para que el individuo sea sujeto político o sea ciudadano, es decir, no votar también puede ser una posición política, no sólo el voto en blanco significa descontento y me está pareciendo que eso es lo que está pasando en Colombia.

La gente no vota, el 65,52% de los colombianos no votaron el pasado 20 de junio porque creo que ya no creen en la autoridad, en los gobernantes, en la democracia. No fueron ni la lluvia, ni el mundial, no nos metan ese cuento. Es diferente, más profundo y más complejo: con esos gobiernos creo que la gente de este país, cada vez será más apátrida, menos ciudadana, claramente primitiva, de grosera indecencia y por completo irresponsable.

Eso pasará con mayor fuerza mientras cada vez más gente tenga menos oportunidades. Porque yo sí prefiero un país que reparta la pobreza - incluida la nobleza de la mayor parte de los pobres del país - que un país que procure la riqueza para resolver los problemas de todos y reparta esa riqueza entre pocos, como ha pasado en Colombia, porque acá la repartición de la riqueza no ha funcionado en 200 años de República.

lunes, 14 de junio de 2010

Editoriales absurdos y sin vergüenza

El pasado viernes 10 de Junio de 2010, el periódico El Colombiano, comienza su Editorial con la siguiente entradilla: “La condena a 30 años de prisión dictada contra el Coronel (r) Alfonso Plazas, aún no está en firme y será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, de quien esperamos sepa interpretar que las acciones del Militar obedecieron a su deber constitucional y de servicio que implicó defender al Estado del acto terrorista y de barbarie del M-19, la toma del Palacio de Justicia y su consecuente Holocausto”; y termina diciendo esto otro: “¿Por qué ahora se quieren satanizar los actos realizados por el Estado en defensa de la institucionalidad y de la mayor instancia judicial del país.(SIC) ¿No fue la toma del Palacio una arremetida frontal del M-19 contra el corazón de la Justicia?

Leer aquello me recordó que sentir náuseas me incomoda, me desagrada, me pone maluco; y también me recordó la razón por la cual no leo nunca el Editorial de El Colombiano o, mejor, por qué sólo hojeo con temor las páginas de ese diario – especialmente los clasificados y las páginas culturales.

Es una vergüenza esa manera de opinar. Es una pena, es nauseabundo encontrarse con que un diario prestigioso, enmascarado en la opinión, desinforma. Las relaciones que se plantean en los dos párrafos expuestos y en el resto del artículo son irracionalmente tendenciosas, además de mentirosas y con un alto grado de irrespeto hacia la misma justicia que pretende defender.

Hasta hoy los indicios hablan de una macabra alianza entre miembros del M-19 y el narcotráfico para esa “arremetida frontal (…) contra el corazón de la justicia”, como lo menciona el Editorial, y al respecto no se puede decir nada diferente a que es condenable, reprochable y detestable, en eso no puede haber discusión. También puede uno decir que, a pesar de lo sanguinaria, la retoma del Palacio era una obligación constitucional, no solo del Coronel (r) Plazas Vega, sino de las demás autoridades del Estado, cada una desde su posición.

Lo que no puede uno permitirle al editorialista de El Colombiano, ni al Presidente de la República, ni a nadie, absolutamente a nadie, es sostener que la desaparición de 11 ciudadanos es una acción legítima del Estado para defender la Institucionalidad y que un comandante de batallón, cualquiera antes o ahora, pueda decidir sobre la vida de los ciudadanos en juicios sumarios. Eso no es justicia.
El Coronel (r) Plazas Vega, quien estaba a cargo del operativo, al menos, ahora tiene una posibilidad de apelación ante una instancia jurídica superior. Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador de la cafetería), Cristina del Pilar Guarín Cortés (empleada de la cafetería), Bernardo Beltrán Hernández (empleado de la cafetería), David Suspes Celis (chef de la cafetería), Gloria Estela Lizarazo Figueroa (encargada del autoservicio), Héctor Jaime Beltrán (mesero de la cafetería), Luz Mary Portela León (empleadas de la cocina), Norma Costanza Esguerra (contratistas proveedora de la cafetería), Gloria Anzola de Lanao (visitante del Palacio), Luz Amparo Oviedo (Buscaba empleo en la cafetería), no tuvieron apelación, no tuvieron juicio, no tuvieron nada. Sus cuerpos siguen desaparecidos a pesar de haber salido con vida del Palacio y de haber entrado con vida a la Casa del Florero, de la mano de subalternos del Coronel (r).

Ver:
http://www.youtube.com/watch?v=SlHsul9oLF8&feature=related

Ana Rosa Castiblanco (empleada de oficios varios), tampoco tuvo un juicio, no tiene apelación, aunque, a diferencia de los demás, su cadáver sí apareció, fue hallado hace 10 años en una fosa común. El Abogado Asistente del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, tampoco tuvo un juicio, aunque su cadáver fue levantado por la Fiscalía General de la Nación al otro dia, no obstante abandonó el Palacio, herido pero vivo.

Ver:
http://www.youtube.com/watch?v=Zf_k0yKDujA&feature=related

Las oscuridades fueron muchas. El M-19 cometió un acto atroz, pero no hay que olvidar que su status era de ilegalidad; el Estado retomó defendiendo la institucionalidad, actuando legalmente. Ninguno de los dos asuntos es discutible. Pero que miembros de las instituciones del Estado, que deben actuar en derecho, bajo las directrices de la Constitución Política, desaparezcan ciudadanos amparados en la acción militar como deber del servicio y en defensa de la institucionalidad, es inaceptable. Y es más inaceptable aún que, ante los hechos y las pruebas, un periódico decente le sugiera al Tribunal Superior de Bogotá que interprete unos hechos criminales, de acuerdo a su mirada tendenciosa de la información.

A Plazas Vega no lo están condenando por la retoma, no le están dando 30 años de prisión porque haya estado presente en la recuperación de la institucionalidad; lo están condenando por sus acciones o por sus omisiones, mejor dicho, lo condenan por su responsabilidad en la desaparición de algunos ciudadanos en el marco de ese evento. Que se condene a Plaza Vega no es la satanización de la acción del Estado, es el castigo a alguien que actuó por fuera de la ley y del Estado. Ahora, si lo que hizo, o dejó de hacer el Coronel (r), es una acción del Estado, yo pido que también se satanice, se castigue, se condene al Estado.



martes, 9 de febrero de 2010

Gobernar también es un asunto de pertinencia (1)

Yo no sé qué piensan ciertos gobernantes y algunos organismos del Estado. Lo que yo sí pienso es que uno de los asuntos fundamentales en el acto de gobernar es la pertinencia.

En una ciudad como Medellín, en la que la tolerancia y el respeto por los seres humanos escasean, ciertas acciones de parte de organismos del Estado se convierten en impertinentes nimiedades y superficialidades, cuando no en asuntos profundamente disociadores. Me refiero a algunos eventos de nuestros organismos de gobierno, acontecidos en las últimas semanas.

Acá, particularmente, me dedicaré a uno de esos que, en contexto, no pasa de ser un asunto vago, carente de sentido y hasta absurdo: me refiero a la repartición de volantes que promueven la defensa de los derechos de los animales en las puertas de la Centro de Espectáculos la Macarena este sábado 6 de Febrero, día de festejo taurino.

No voy a discutir acá el asunto de la defensa de los derechos de los animales porque es un tema muy profundo, tanto en términos de la filosofía del derecho como desde la perspectiva bioética y no hay acá suficiente espacio para ello; pero eso sí, dejo como premisa que yo no creo que los animales sean sujeto de derecho. Lo que sí me interesa es plantear una crítica al impertinente e instigador acto, ya mencionado, por parte de los funcionarios de la Personería de Medellín.

Puede que sea importante que la Personería ocupe parte de sus recursos en defender los derechos de los animales, sin embargo, creo que en una ciudad llena de violaciones graves a los derechos ciudadanos e incluso, a los derechos humanos, este organismo debería ocupar todos sus esfuerzos y personal a defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos en general y, particularmente de la población más vulnerable, como los de una de las empleadas de mi hogar a quien el combo de El Rompoy le expropió su vivienda en el Popular 2 hace muchísimos años, asunto frente al que la Personería no ha hecho nada, pese a que ella hizo la denuncia respectiva en ese organismo hace ya, también, muchos años.

Ahora, más grave aún es que la entidad encargada de la promoción y defensa de los derechos ciudadanos, la entidad llamada a adelantar un trabajo de mediación y de fortalecimiento de las relaciones ciudadanas de equidad, respeto y tolerancia con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de la ciudad, adelante campañas de protección de los derechos de los animales en la puerta de la Plaza de Toros en tiempos en los que la discusión entre taurinos y antitaurinos es tan sensible. Por supuesto, la presencia de la personería allí, haciendo aquello, incomodó y molestó a muchos ciudadanos de Medellín: taurinos, pero ciudadanos.

En resumen, no sé bien si en esta Medellín inequitativa, irrespetuosa e intolerante con los seres humanos, sea primordial que el organismo encargado de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, destine recursos públicos en la defensa de los animales; lo que sí sé, es que sin importar el tema sobre el que verse la acción, los organismos de Estado deben dar prioridad a la pertinencia en su proceder: Los organismos de Estado, particularmente las Personerías, no pueden ser un promotor de la intolerancia y, mucho menos, un incitador del conflicto. La Personería de Medellín fue imprudente e impertinente al pretender llevar campañas educativas sobre el cuidado de los animales a las puertas de la Plaza de Toros, un lugar en el que la gente conoce muy bien lo que significa la vida, pero sobretodo la muerte, de un animal.