Editoriales absurdos y sin vergüenza

El pasado viernes 10 de Junio de 2010, el periódico El Colombiano, comienza su Editorial con la siguiente entradilla: “La condena a 30 años de prisión dictada contra el Coronel (r) Alfonso Plazas, aún no está en firme y será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, de quien esperamos sepa interpretar que las acciones del Militar obedecieron a su deber constitucional y de servicio que implicó defender al Estado del acto terrorista y de barbarie del M-19, la toma del Palacio de Justicia y su consecuente Holocausto”; y termina diciendo esto otro: “¿Por qué ahora se quieren satanizar los actos realizados por el Estado en defensa de la institucionalidad y de la mayor instancia judicial del país.(SIC) ¿No fue la toma del Palacio una arremetida frontal del M-19 contra el corazón de la Justicia?

Leer aquello me recordó que sentir náuseas me incomoda, me desagrada, me pone maluco; y también me recordó la razón por la cual no leo nunca el Editorial de El Colombiano o, mejor, por qué sólo hojeo con temor las páginas de ese diario – especialmente los clasificados y las páginas culturales.

Es una vergüenza esa manera de opinar. Es una pena, es nauseabundo encontrarse con que un diario prestigioso, enmascarado en la opinión, desinforma. Las relaciones que se plantean en los dos párrafos expuestos y en el resto del artículo son irracionalmente tendenciosas, además de mentirosas y con un alto grado de irrespeto hacia la misma justicia que pretende defender.

Hasta hoy los indicios hablan de una macabra alianza entre miembros del M-19 y el narcotráfico para esa “arremetida frontal (…) contra el corazón de la justicia”, como lo menciona el Editorial, y al respecto no se puede decir nada diferente a que es condenable, reprochable y detestable, en eso no puede haber discusión. También puede uno decir que, a pesar de lo sanguinaria, la retoma del Palacio era una obligación constitucional, no solo del Coronel (r) Plazas Vega, sino de las demás autoridades del Estado, cada una desde su posición.

Lo que no puede uno permitirle al editorialista de El Colombiano, ni al Presidente de la República, ni a nadie, absolutamente a nadie, es sostener que la desaparición de 11 ciudadanos es una acción legítima del Estado para defender la Institucionalidad y que un comandante de batallón, cualquiera antes o ahora, pueda decidir sobre la vida de los ciudadanos en juicios sumarios. Eso no es justicia.
El Coronel (r) Plazas Vega, quien estaba a cargo del operativo, al menos, ahora tiene una posibilidad de apelación ante una instancia jurídica superior. Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador de la cafetería), Cristina del Pilar Guarín Cortés (empleada de la cafetería), Bernardo Beltrán Hernández (empleado de la cafetería), David Suspes Celis (chef de la cafetería), Gloria Estela Lizarazo Figueroa (encargada del autoservicio), Héctor Jaime Beltrán (mesero de la cafetería), Luz Mary Portela León (empleadas de la cocina), Norma Costanza Esguerra (contratistas proveedora de la cafetería), Gloria Anzola de Lanao (visitante del Palacio), Luz Amparo Oviedo (Buscaba empleo en la cafetería), no tuvieron apelación, no tuvieron juicio, no tuvieron nada. Sus cuerpos siguen desaparecidos a pesar de haber salido con vida del Palacio y de haber entrado con vida a la Casa del Florero, de la mano de subalternos del Coronel (r).

Ver:
http://www.youtube.com/watch?v=SlHsul9oLF8&feature=related

Ana Rosa Castiblanco (empleada de oficios varios), tampoco tuvo un juicio, no tiene apelación, aunque, a diferencia de los demás, su cadáver sí apareció, fue hallado hace 10 años en una fosa común. El Abogado Asistente del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, tampoco tuvo un juicio, aunque su cadáver fue levantado por la Fiscalía General de la Nación al otro dia, no obstante abandonó el Palacio, herido pero vivo.

Ver:
http://www.youtube.com/watch?v=Zf_k0yKDujA&feature=related

Las oscuridades fueron muchas. El M-19 cometió un acto atroz, pero no hay que olvidar que su status era de ilegalidad; el Estado retomó defendiendo la institucionalidad, actuando legalmente. Ninguno de los dos asuntos es discutible. Pero que miembros de las instituciones del Estado, que deben actuar en derecho, bajo las directrices de la Constitución Política, desaparezcan ciudadanos amparados en la acción militar como deber del servicio y en defensa de la institucionalidad, es inaceptable. Y es más inaceptable aún que, ante los hechos y las pruebas, un periódico decente le sugiera al Tribunal Superior de Bogotá que interprete unos hechos criminales, de acuerdo a su mirada tendenciosa de la información.

A Plazas Vega no lo están condenando por la retoma, no le están dando 30 años de prisión porque haya estado presente en la recuperación de la institucionalidad; lo están condenando por sus acciones o por sus omisiones, mejor dicho, lo condenan por su responsabilidad en la desaparición de algunos ciudadanos en el marco de ese evento. Que se condene a Plaza Vega no es la satanización de la acción del Estado, es el castigo a alguien que actuó por fuera de la ley y del Estado. Ahora, si lo que hizo, o dejó de hacer el Coronel (r), es una acción del Estado, yo pido que también se satanice, se castigue, se condene al Estado.